Con el Vicepresidente Diego Valderas presidiendo en funciones el Consejo de Gobierno, se aprobó ayer recurrir ante el Tribunal Constitucional el R.D. 16/2012 que reforma el sistema de salud. Este decreto vulnera los principios de igualdad ante la ley, además de que invade las competencias que en materia de soberanía sanitaria que se recogen en el Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Izquierda Unida está en profundo desacuerdo con el cambio de concepto de ciudadanos y ciudadanas con derechos a la salud, por otro concepto más parecido al de clientes de sanidad que recoge el decreto impugnado cuando los califica de “asegurados” o “beneficiarios”, vulnerando claramente el derecho a la protección de la salud como principio universal.
En Izquierda Unida creemos que tiene que estar prohibida cualquier tipo de discriminación, particularmente la ejercida por razones de sexo, orígenes étnicos o sociales, lengua, cultura, religión, ideología, características genéticas, nacimiento, patrimonio, discapacidad, edad, orientación sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. De la misma manera rechazamos el propósito de este malintencionado decreto cuando pretende centralizar en el Instituto Nacional de la Seguridad Social el reconocimiento y el control de la condición de “asegurado” o “beneficiario”.
Y para más abundamiento, este decreto -inspirado en un horizonte diáfano de privatización y desregulación de la salud pública de los ciudadanos-, incluye normas que favorecen descaradamente a las farmacéuticas frente a sistemas ya ensayados en Andalucía, sobre compra mayorista de medicamentos que buscan el abaratamiento para el enfermo frente al beneficio desmesurado de las multinacionales. Por último impone a nuestra Comunidad un sistema obligatorio de integración del personal funcionario que presta sus servicios en instituciones sanitarias andaluzas que choca con el principio de ordenación organizativa.
Los actuales hospitales y clínicas concertadas y las multinacionales de farmacia harán su agosto a costa del deterioro de la calidad en la prestación sanitaria y en su encarecimiento prohibitivo y clasista que se recoge en este R.D. ahora impugnado. Por eso, Izquierda Unida en el gobierno andaluz ha favorecido este recurso al Tribunal Constitucional como igualmente lo impulsaremos en materia de educación. La salud, ni se negocia ni se vende.
¡Se defiende!.
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