Denuncia en la Fiscalía General del Estado de Sevilla

Denuncia en la Fiscalía General del Estado de Sevilla para que se investigue si los grandes supermercados tiran a la basura productos alimentarios varios días antes de caducar.

           

            En nuestras ciudades y municipios de mayor población existen grandes superficies comerciales y es notorio que alimentos de primera necesidad son arrojados diariamente a la basura un día o dos días antes de que caduquen y dejen de ser aptos para el consumo humano.

            Al mismo tiempo la pobreza y la exclusión social se incrementan en nuestro país y en Europa. Se suman ya los más de 122 millones de personas en la pobreza, en España más de 10 millones con la suela del hambre física.

            Nuestra legislación penal y lo establecido en el Estatuto Penal Internacional, regulan los delitos de genocidio, de crimen contra la humanidad, de la denegación de auxilio ante estados de extrema necesidad y otros preceptos de aplicación en estos casos. No es de recibo ni jurídica, ni política, ni social, ni éticamente que se destruyan miles de kilos de alimentos de primera necesidad en una sociedad que cuenta con cientos de miles de familias pasando hambre física.

            La primera obligación constitucional del Gobierno de España es garantizar la alimentación y la salud de la población. La Fiscalía General del Estado, encargada de velar por el interés general del acuerdo con el Estatuto del Ministerio Fiscal debe de actuar siguiendo las pautas que se exponen a continuación, así como las que se consideren oportunas para abrir un proceso fundado en las siguientes informaciones y relatos de hechos probados, para lo que se auxiliarán de todas las fuentes de información y de la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

            Se insta mediante esta denuncia a la fiscalía a:

            1.- Elaborar un informe sobre las prácticas de las grandes superficies comerciales de destrucción de alimentos básicos, antes de su caducidad.

            2.- Estudio de las aplicaciones penales a estas conductas que se realizan diariamente por la mayoría de las grandes superficies en nuestro país.

            3.- Impulsar en todas las Fiscalías de las Audiencias Provinciales y de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autonómicas, actuaciones en sus ámbitos de competencia sobre estos hechos.

            4.- Instar a las instituciones democráticas y de la sociedad civil; ayuntamientos, diputaciones, sindicatos, asociaciones de consumidores, sindicatos agrarios, bancos de alimentos, etc., a cooperar activamente con la Fiscalía en estas investigaciones.